Argentinos de alto patrimonio hacen las maletas escapando del nuevo impuesto a la riqueza

Benedict Mander en Buenos Aires

El elegante balneario uruguayo de Punta del Este ha sido desde hace mucho tiempo uno de los favoritos de los argentinos más adinerados que buscan escapar del sofocante calor del verano de Buenos Aires en sus amplias playas de arena y oleaje atlántico.

Pero con un gobierno de izquierda en Argentina aumentando los impuestos a los ricos mientras que una nueva administración conservadora en el vecino Uruguay ofrece exenciones fiscales a los recién llegados, muchos argentinos adinerados están optando por cruzar el río de la Plata de forma permanente.

“No quiero trabajar durante los próximos quince años cuando esté en la cima de mi capacidad de generar ingresos para poder disfrutar de mi jubilación, solo para tener que devolverlo todo al Estado”, dijo un ejecutivo argentino de unos cincuenta años que se trasladó a una villa junto a la playa cerca de Punta del Este este año. “No es que Uruguay sea un paraíso fiscal, sino que Argentina es una trampa de dinero”.

Una de las mayores causas de descontento es lo que muchos ven como un sistema fiscal confiscatorio. El Congreso debatirá pronto un impuesto único de “solidaridad” para los argentinos con activos netos de más de US$ 3 millones que, según los funcionarios, podría recaudar hasta US$ 4 mil millones.

Eso se suma a un impuesto sobre el patrimonio existente que se elevó en diciembre a 2,25%, más alto que cualquier otro país excepto España. El tributo aumenta aún más la carga sobre los contribuyentes en el que ya es uno de los países con mayores impuestos del mundo.

"Se están disparando en el pie", dijo Luciano Laspina, economista y destacado legislador de la oposición. Tal como está, la volatilidad económica endémica de Argentina explica por qué sus ciudadanos tienen al menos US$ 300 mil millones en el extranjero, según los economistas.

El nuevo impuesto de solidaridad solo socavará aún más la confianza en el nuevo gobierno, ya sacudido por medidas como un intento fallido por nacionalizar al mayor exportador de granos del país y congelar inesperadamente las tarifas de telecomunicaciones, argumentó.

“En un momento en que las empresas (extranjeras) están huyendo de Argentina debido a la incertidumbre política y la crisis económica, introducen un impuesto arbitrario argumentando que se trata de una emergencia. Pero Argentina ha estado en un estado de emergencia (legal) durante los últimos 20 años… así que (otro impuesto) podría llegar en cualquier momento”, agregó Laspina.

Al otro lado del río

Por el contrario, un decreto presidencial destinado a impulsar la escasa población de 3,5 millones de Uruguay aprobado por el congreso en agosto facilita que los extranjeros se establezcan en el país, al reducir el valor de la propiedad requerida para que los candidatos califiquen para la residencia a US$ 380 mil, y la inversión mínima para las empresas a US$ 1,7 millón.

Los incentivos también incluyen una moratoria fiscal de diez años y el requisito de que los recién llegados pasen solo 60 días al año en Uruguay. Cerca de 20 mil argentinos han solicitado trasladarse al país vecino.

A pesar de las dudas generalizadas sobre la efectividad de los impuestos a la riqueza, especialmente -cuando muchos economistas argumentan que se podría recaudar mucho más dinero cobrando los impuestos existentes de manera más eficiente y reprimiendo la evasión crónica-, la mayoría de los argentinos ricos son reacios a criticar abiertamente el nuevo impuesto.

Esa desgana se debe al estado de la economía, estancada durante toda la última década y en su tercer año de recesión. Ahora está sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus, agravada por uno de los bloqueos más largos y estrictos del mundo.

Fernanda Vallejos, una influyente legisladora de la coalición gobernante, argumenta que no hay duda sobre la necesidad de un impuesto a la riqueza en Argentina, especialmente dado el caos económico causado por la pandemia, con más de 40% de los argentinos viviendo ahora en la pobreza.

“Estamos hablando de un universo de menos de 10.000 personas que se beneficiaron de las políticas regresivas del gobierno anterior que permitieron una tremenda concentración de riqueza, mientras que la pobreza y la desigualdad aumentaron escandalosamente”, dijo.

Alfredo Serrano, economista de izquierda y director ejecutivo del think-tank Celag, admite que Argentina tiene “uno de los sistemas tributarios más desordenados, extensos y variados del mundo”, lo que requiere una reforma radical, “pero eso no es incompatible con las medidas para hacerlo más justo… Cambiar la estructura tributaria requiere tiempo, pero esta situación es urgente”.

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Carga confiscatoria

Los impuestos en Argentina representan 28,4% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio de la OCDE de 34,3%. Pero con solo 8 millones de los 45 millones de habitantes de Argentina trabajando en el sector privado, en comparación con más de 20 millones que dependen del Estado, incluidos los trabajadores del sector público, los jubilados y los que reciben subsidios, la carga fiscal sobre muchas personas y empresas privadas es "completamente confiscatoria", según Matias Olivero Vila, socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, firma de abogados líder en Buenos Aires.

“Además de ser (casi) el país con mayores impuestos del mundo, según el Banco Mundial, también (ya) tiene uno de los impuestos sobre el patrimonio más altos del mundo”, dijo Olivero. Pocos otros países de la región con impuestos sobre el patrimonio, incluidos Uruguay y Colombia, son una fracción del nivel de Argentina. "Es simplemente increíble, imposible de entender, cuando este país necesita las inversiones como un desierto necesita la lluvia", dijo.

Martín Castellano, economista para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales, argumentó que el nuevo impuesto no sería un “cambio en el juego” desde un punto de vista fiscal, mientras que aumentaría las dudas sobre la dirección de la política en Argentina.

“En cambio, el compromiso con una agenda plurianual para abordar los desequilibrios macroeconómicos afrontando el gasto público y mejorando el clima empresarial podría ayudar a estabilizar la economía y reactivar el crecimiento”, dijo.